Resumen: Litigio en el que se pide cuantificar el daño médico (recién nacido con graves secuelas), tras pleito anterior que declaró responsable a la entidad aseguradora de la deficiente atención prestada. En la demanda se toma como criterio valorativo el baremo de 2015, por ser el vigente en ese momento. Para lo que interesa en casación, en ambas instancias se consideró aplicable el baremo anterior, según cuantías actualizadas a 2013, fecha de estabilización lesional. En casación se insiste en la aplicación del baremo de 2015, alegando que se trata de un daño continuado, y la sala estima en parte el recurso. Reiteración de la procedencia de cuantificar el daño médico mediante la aplicación orientadora del baremo de tráfico, sin perjuicio de aplicar criterios correctores en atención a las circunstancias. Es doctrina reiterada que el daño debe determinarse conforme al SLV vigente cuando se produce el siniestro y cuantificarse según valor del punto en el momento de la estabilización lesional (alta definitiva). Las secuelas no estaban estabilizadas en 2013, pues en 2017 se diagnosticaron nuevas patologías, lo que determinó la revisión del grado de discapacidad en 2019. Por tanto, procede cuantificar el daño con arreglo al baremo de 2015. Asunción de la instancia. Gastos médicos futuros: indemnización sin límite temporal (es decir, no solo hasta la sanación o consolidación de las secuelas). Gastos de rehabilitación futura. Lucro cesante. Adecuación de vivienda y otros. Dies a quo intereses
Resumen: La controversia radica en determinar quién debe responder por las operaciones de pago no autorizadas, en tanto que realizadas por un tercero que, utilizando las credenciales del usuario que ha obtenido por cualquier medio, suplanta su identidad y accede electrónicamente a su cuenta sin su consentimiento. Delimita qué debe entenderse por «operaciones de pago no autorizadas», si, en general, las que han sido realizadas por un tercero sin el consentimiento del usuario titular de la cuenta, o, exclusivamente, las efectuadas sin seguir el procedimiento legal y contractualmente fijado. En el caso, nos encontramos, de un lado, ante una conducta diligente del titular de la cuenta, que informó, inmediata y reiteradamente, al personal de la entidad de lo que estaba sucediendo, cumpliendo la obligación que expresamente le imponía la normativa comunitaria y nacional; y, de otro lado, ante un servicio que se presta defectuosamente por el proveedor, tanto por no tomar en consideración la información recibida pese a su gravedad, como por omitir la adopción de medidas que posibilitaran la detección de eventuales maniobras fraudulentas. En caso de que el usuario niegue haber autorizado una operación de pago ya autorizada, el cumplimiento de las obligaciones relativas a la autenticación, registro y contabilización de la operación de pago fue autenticada, no exime de responsabilidad al proveedor de servicio.
Resumen: La prueba denegada que se intereso en esta segunda instancia se desestimo porque no procedía en el momento que se interesaba sin que tampoco concurra falta de motivación al dar la sentencia las razones por las que acuerda cada medida adoptada y en cuanto que se otorga la custodia a la madre prevaleció el interés del menor sin que concurran motivos espurios en la voluntad que expresa el menor ni que este condicionado por la madre de ello que su declaración haya sido tenida en cuenta para adoptar la medida de la guarda y custodia.
Resumen: En cuanto al dato declarado por ellos de que las escaleras resbalaban se trata de una afirmación genérica e imprecisa, pues constituye un hecho notorio que un establecimiento de spa que incluye instalaciones tales como jacuzzi, sauna, baño turco, etc., acumula un elevado nivel de humedad que puede hacer disminuir el nivel de adherencia del suelo y con ello que pueda provocar resbalones en los usuarios, motivo precisamente por el cual el encargado les advirtió de la necesidad de llevar puestas las chanclas mientras estuvieran haciendo uso de las instalaciones. Ningún reproche culpabilístico cabe dirigir frente al establecimiento por cuanto no existe prueba de deficiencias en el material o de falta de limpieza del suelo que hubiera contribuido a aumentar su carácter resbaladizo, debiendo entender por el contrario que el accidente obedeció en exclusiva a la falta de atención de la propia víctima.
Resumen: Se presentó demanda solicitando nulidad por error/vicio en el consentimiento de Préstamo hipotecario con derivado financiero implícito, incumplimiento de sus obligaciones de diligencia, lealtad e información. La sentencia de primera instancia desestimó la demanda. La parte actora recurrió en apelación y la Audiencia desestimó el recurso de la mercantil demandante porque producto en cuestión no es un producto de inversión, y, por tanto, no le resulta de aplicación la normativa Mifid, criterio coherente con el que, en relación a las denominadas hipotecas multidivisa, estableció la STJUE de 3 de diciembre de 2015, caso Banif Plus Bank, asunto C-312/14, y el Tribunal Supremo en la sentencia 608/2017, de 15 de noviembre, el reforzado control de transparencia, solo es aplicable a contratos con consumidores, y no se ha acreditado el error en el consentimiento. La parte actora interpone recurso extraordinario por infracción procesal y de casación. Se desestima el recurso extraordinario porque no se ha identificado un error patente, y se mezcla con la carga de la prueba, y en cuanto al recurso de casación se desestima, porque aunque este tipo de derivados financieros de cancelación anticipada son un producto complejo, el representante de la actora negoció durante dos meses las condiciones del préstamo y sí conocía las características del producto, de modo que no hubo error en el consentimiento, ni nexo causal entre el incumplimiento del banco y el daño alegado.
Resumen: La demanda tenía por objeto la reposición de los fondos que salieron de la cuenta bancaria de la demandante como consecuencia de dos transferencias y otras cuatro operaciones no autorizadas realizadas en el margen de dos minutos, tras proporcionar la propia demandante el acceso a su cuenta mediando engaño. La responsabilidad del proveedor de servicios de pago es cuasi objetiva, y solo cede en los casos de fraude del usuario o de negligencia grave, que no concurre cuando, como en este caso ocurrió, la titular de la cuenta fue víctima de un engaño, perpetrado con evidente pericia por el delincuente. El hecho de entrar en un enlace que se recibe a través de un SMS que el propio terminal identifica como de la entidad bancaria, para dar acceso a continuación a una página que es idéntica a la de la banca electrónica de la entidad demandada, no puede considerarse una negligencia grave de la usuaria.
Resumen: El hijo menor de los demandantes sufrió lesiones graves en un brazo a consecuencia de un balonazo que le propinó el hijo menor de edad de los demandados. Si bien la responsabilidad civil de los padres por daños causados por los menores bajo su potestad se configura como cuasi objetiva, sustentada en la culpa in vigilando -y, en algunas resoluciones judiciales, en culpa in educando-, en este caso los hechos se produjeron cuando los menores jugaban a la pelota en una plaza pública, en presencia de sus padres, de manera que el riesgo que una actividad de esta naturaleza siempre conlleva fue asumido voluntariamente por todos. No se ha probado que las lesiones fuesen fruto de una actuación reprobable del hijo de la demandada, y no meramente de un lance desafortunado del propio juego que habrá de situarse en el campo de los riesgos que éste conlleva.
Resumen: Interpretación de los arts. 74 y 75 de la Directiva 2007/64 y el art. 44 de la Ley de servicios de pago. Si tenemos en cuenta que, primero, de la literalidad de los preceptos que abordan la responsabilidad del proveedor de los servicios de pago, tanto a nivel comunitario como nacional, se desprende que cumple su obligación ejecutando la operación de pago de acuerdo con el identificador único, sin que la adición de información adicional implique una mayor diligencia exigible, y, segundo, a ello se une que las nuevas normas que regulan esta cuestión, dictadas casi una década después y cuando ya habían surgido discrepancias por la interpretación y alcance de la responsabilidad cuando el usuario había incurrido en error al indicar el IBAN, pero había identificado a un beneficiario que no se correspondía con el titular de la cuenta enunciada, refrendan la misma solución, no cabe sino compartir la interpretación realizada en las sentencias de primera instancia y de apelación, en consonancia con la doctrina del Tribunal de Justicia, a saber, el suministro de información adicional al identificador único por parte del usuario no entraña nuevas obligaciones ni el deber de realizar otras comprobaciones para el proveedor de los servicios de pago. Ello no exime de responsabilidad al proveedor de los servicios de pago cuando se constate la concurrencia de circunstancias, ajenas al suministro de datos adicionales, que pudieren haber influido en la ejecución defectuosa de la operación
Resumen: En segunda instancia se cuestiona la relación causal entre la presencia del perro suelto de la demandada y la caída y lesiones que sufrió la demandante. La responsabilidad civil del poseedor de un animal por los daños o lesiones que ocasiones es cuasi objetiva, porque solo cede en casos de fuerza mayor o de culpa del que lo hubiese sufrido. La inversión de la carga de la prueba solo juega respecto del elemento subjetivo, no en cambio en cuanto a la relación de causalidad que debe quedar debidamente demostrada, sin que sea suficientes meras conjeturas, deducciones o posibilidades, siendo en este caso el demandante el que corre con la carga de su prueba. El perro de la demandada corría suelto y sin bozal, y es un animal de gran fuerza y agresividad; ante su presencia, la actora trató de proteger a su pequeño perro, y al interponerse cayó al suelo y se produjo las lesiones. La Audiencia considera probada, así las cosas, la relación de causalidad entre la presencia amenazante del perro suelto y el daño.
Resumen: Resolución parcial de "derivado financiero" en póliza de préstamo, y subsidiariamente responsabilidad por dolo o negligencia contra el banco, y restitución de cantidades. La sentencia de primera instancia desestimó la demanda. La parte actora recurrió en apelación y la Audiencia estimó el recurso en cuanto a la petición subsidiaria, y condena a la parte demandada a pagar a la actora en concepto de indemnización de daños y perjuicios por incumplimiento contractual más el coste de cancelación, que deberá ser fijado en ejecución de sentencia más los intereses legales sobre las cantidades efectivamente abonadas desde la interpelación judicial, con aplicación del art. 576 LEC respecto a los intereses por mora procesal. El banco recurrió en casación, y la Sala desestima el recurso porque la inclusión en un préstamo hipotecario de un derivado implícito que afecta a los intereses implica que el derivado funcione en la práctica como un swap, y que por tanto, son exigibles las informaciones tanto sobre la repercusión de las bajadas abruptas de los tipos de interés como sobre el coste de cancelación, por ser los principales riesgos en la contratación del producto estaba sujeto a lo dispuesto en el art. 79 bis LMV y exigía un plus de información tanto sobre la repercusión de las bajadas de los tipos de interés como sobre el coste de cancelación.
